¿Hasta dónde tenemos que ir y que tenemos que hacer para que finalmente entendamos que esto no es una sucesión de casos aislados?
¿Diez pueblos más? ¿Cien? ¿Otra provincia? ¿Otra marcha? ¿Otra conferencia de prensa? ¿Otra mujer asesinada por su pareja, por su expareja, por un hombre que ya había sido denunciado?
En Salta, a julio de 2026, el Registro Provincial de Femicidios y Muertes Violentas y Dudosas de Mujeres contabiliza 11 casos. De ellos, seis son investigados como femicidios. Seis mujeres asesinadas en siete meses. Seis: la misma cantidad de femicidios que Salta registró durante todo 2025.
No son números intercambiables. Son seis vidas. Seis historias. Familias que quedaron destruidas. Hijas e hijos que quedaron sin madre. Y, detrás de cada expediente, una pregunta que ya no puede ser respondida solamente desde la criminología: ¿qué hizo el Estado antes de que esa mujer fuera asesinada?
Porque el femicidio es el último eslabón.
Antes estuvo el control. La amenaza. El aislamiento. La violencia económica. La violencia sexual. La intimidación. La denuncia que no prosperó. La medida de protección que no alcanzó. El pedido de ayuda que encontró una institución sin recursos, sin articulación o sin capacidad de respuesta.
La violencia que finalmente aparece en la estadística como cadáver empezó mucho antes.bchj
Uno de los textos que tomé como referencia propone una distinción que resulta particularmente potente: hay una violencia subterránea, que pasa desapercibida porque se encuentra naturalizada, y una violencia silenciada, que existe y es reconocida pero permanece oculta. La tarea política consiste precisamente en poner palabras allí donde se instaló el silencio.
Eso permite mirar el femicidio de otra manera.
Porque cuando una mujer es asesinada, solemos mirar hacia atrás buscando al monstruo: ¿qué le pasaba a ese hombre?, ¿era violento?, ¿tenía problemas psicológicos?, ¿había consumido alcohol?, ¿estaba celoso?
Preguntas que pueden formar parte de una investigación judicial, pero que resultan insuficientes para explicar un fenómeno social.
Otro de los textos que nutrieron esta columna lo plantea con claridad: reducir la violencia de género a psicopatologías individuales desplaza la mirada de las estructuras sociales que sostienen la desigualdad. La violencia funciona como un mecanismo de control dentro de relaciones atravesadas por asimetrías de poder.
No estamos diciendo que todos los hombres sean violentos.
Estamos diciendo algo bastante más preciso: la violencia contra las mujeres no puede explicarse como una anomalía individual cuando existe una estructura social que durante siglos ha producido y naturalizado relaciones desiguales de poder.
Por eso tampoco alcanza con preguntarnos quién mató.
Tenemos que preguntar qué condiciones hicieron posible que ese hombre pudiera controlar, perseguir, amenazar, golpear y matar a una mujer.
Y también qué instituciones estuvieron antes de ese momento.
Hay una idea particularmente incómoda que debemos recuperar: una ley puede existir y, sin embargo, ser una ley vacía.
El artículo de Banchs lo expresa de manera contundente: los compromisos jurídicos internacionales solamente adquieren sentido cuando se transforman en políticas, programas y acciones concretas; de lo contrario, la ley se convierte en “letra muerta”.
Argentina tiene legislación. Tiene la Ley 26.485. Tiene la Convención de Belém do Pará. Tiene protocolos. Tiene organismos especializados. Tiene registros. Tiene una Línea 144. Tiene antecedentes de políticas de asistencia y prevención.
El problema es que tener una herramienta no significa utilizarla.
Y aquí aparece la cuestión política que no podemos esquivar.
Desde la llegada de Javier Milei al gobierno nacional se produjo un proceso de desarticulación de la institucionalidad específica de género. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fue eliminado en diciembre de 2023. En mayo de 2024, la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género fue trasladada primero al Ministerio de Capital Humano y luego al Ministerio de Justicia.
En 2025, además, el Ministerio de Justicia dejó sin efecto resoluciones que habían creado programas destinados al fortalecimiento de dispositivos territoriales de protección, al apoyo de organizaciones sociales, a la formación en género, al acompañamiento de víctimas y a otras políticas de igualdad y prevención.
Y esto no es solamente una discusión administrativa.
Cuando desaparece un organismo especializado, cuando se desarman equipos territoriales, cuando se reducen programas de acompañamiento, cuando se vuelve opaca la asignación presupuestaria, se modifica la capacidad concreta del Estado para intervenir antes de que la violencia llegue a su expresión letal.
No sería serio afirmar que cada femicidio de 2026 fue causado directamente por una decisión presupuestaria determinada.
Pero tampoco es serio fingir que las políticas de prevención son irrelevantes.
El propio modelo ecológico utilizado por la literatura especializada incluye entre los factores institucionales la ineficacia de las leyes y la falta de respuesta de las instituciones ante las mujeres que buscan ayuda.
Entonces hay que decirlo sin eufemismos: desfinanciar, desarticular o quitar capacidad operativa a las políticas de prevención tiene consecuencias políticas.
Y esas consecuencias recaen sobre cuerpos concretos.
El dato nacional tampoco permite relajarnos.
El Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven contabilizó al menos 147 víctimas letales de violencia de género durante los primeros siete meses de 2026: 119 femicidios directos, 17 vinculados, 7 instigaciones al suicidio y 4 travesticidios/transfemicidios.
La Defensoría del Pueblo de la Nación, con una metodología diferente, contabilizó 103 víctimas durante el primer semestre, equivalentes a una mujer asesinada cada 42 horas.
No son cifras idénticas porque tampoco son idénticas las metodologías.
Pero justamente ahí está lo importante: ninguno de los registros permite decir que el problema desapareció
Y en Salta tenemos un dato todavía más brutal: seis femicidios en los primeros siete meses de 2026, cuando en todo 2025 habían sido seis.
Hay algo más que los números dicen y que no deberíamos perder de vista.
El registro provincial muestra que varias de las víctimas fueron asesinadas por hombres con quienes tenían o habían tenido una relación de pareja. En los casos de febrero, por ejemplo, las investigaciones judiciales fueron caratuladas expresamente como homicidios agravados por el vínculo y por mediar violencia de género.
Entonces volvemos a la vieja trampa:
“Era una cuestión de pareja”.
No.
Era una cuestión de poder.
Durante décadas se nos enseñó que lo que ocurría dentro de una casa pertenecía a la intimidad.
“Son problemas de pareja.”
“Ella sabrá por qué sigue ahí.”
“Es una cuestión familiar.”
“Que no se meta nadie.”
El feminismo rompió esa frontera.
Lo privado también es político porque las relaciones privadas están atravesadas por relaciones sociales, económicas, culturales y de poder.
Banchs lo plantea como una tarea de politización: resignificar la violencia, desmontar los mecanismos que permiten ocultarla y hacer público aquello que históricamente fue confinado al ámbito privado.
Y esto importa especialmente ahora.
Porque cuando el Estado se retira, la violencia vuelve a ser privatizada.
Vuelve a quedar encerrada entre cuatro paredes.
Vuelve a convertirse en “un problema de pareja”.
Vuelve a recaer sobre las redes familiares, las amigas, las vecinas, las organizaciones barriales, las docentes, las trabajadoras de salud.
Y cuando todo falla, aparece el femicidio.
Por eso defender las políticas públicas contra la violencia de género no es defender una burocracia.
Es defender una red de prevención.
Es defender la posibilidad que una mujer pueda pedir ayuda antes de que alguien tenga que levantar su cuerpo.
“Pasarse diez pueblos” suele significar exagerar.
Ir demasiado lejos.
Excederse.
Pero quizás necesitamos exactamente eso.
Tenemos que pasarnos diez pueblos más en la denuncia.
Diez pueblos más en la exigencia.
Diez pueblos más en la organización.
Diez pueblos más en el presupuesto destinado a prevenir.
Diez pueblos más en la formación de quienes reciben una denuncia.
Diez pueblos más en el acompañamiento territorial.
Diez pueblos más en la capacidad del Estado para intervenir antes del crimen.
Pero hay una condición: no podemos seguir recorriendo pueblos mientras el Estado desarma los caminos que permiten llegar a las mujeres que necesitan protección.
El Estado no puede aparecer únicamente después del femicidio, con la fiscalía, la autopsia, el expediente y la conferencia de prensa.
Tiene que estar antes.
Tiene que estar cuando aparece la primera amenaza.
Cuando llega la primera denuncia.
Cuando una mujer intenta salir de una relación violenta.
Cuando necesita un lugar donde vivir.
Cuando necesita ingresos propios.
Cuando necesita que alguien crea en su palabra.
Cuando necesita que una medida de protección no sea solamente un papel.
Porque una medida judicial sin capacidad de cumplimiento también puede convertirse en letra muerta.
Y seis mujeres asesinadas en siete meses no son una fatalidad.
No son una epidemia inexplicable.
No son seis tragedias privadas.
Son la expresión extrema de una violencia social y política que el Estado tiene la obligación de prevenir.
Por eso la pregunta ya no debería ser cuántos pueblos más tenemos que pasar.
La pregunta es otra:
¿Cuántas mujeres más tienen que morir para que entendamos que desmantelar las herramientas de protección no es neutral?
Porque cuando un Estado sabe que existe una violencia, conoce sus mecanismos, tiene leyes para enfrentarla y decide reducir las herramientas destinadas a prevenirla, acompañarla y sancionarla, ya no estamos solamente frente a un problema de falta de recursos.
Estamos frente a una decisión política.
Y esa decisión también tiene responsables.
Por eso sí:
Hay que pasarse diez pueblos más.
Pero no para alejarnos del problema.
Para llegar, de una vez, hasta el lugar donde la violencia deja de ser un asunto privado y empieza a ser lo que siempre fue: un problema de poder, de derechos humanos y de responsabilidad política.