6 de agosto de 2026- Salta. República Argentina
El proyecto de Ley de Tierras que se debatiría hoy y el cual fue modificado por una inminente derrota del oficialismo en el Congreso (y la marcha convocada multisectorialmente) no es una medida accidental. Cada cláusula, cada palabra permitida o prohibida, cada excepción a la restricción de propiedad extranjera de tierra argentina, responde a una lógica: la de convertir nuestro territorio en un bien de consumo para el capital internacional. La historia nos enseña que esto no es novedad en la Argentina. Es repetición.
En 1822, Bernardino Rivadavia, ministro de Gobierno de Martín Rodríguez, impulsó la Ley de Enfiteusis como una reforma modernizadora. Los historiadores oficiales aún construyen su reputación alrededor de esa figura: el visionario que quería poblar la campaña con colonos europeos, crear una agricultura capitalista racional, instaurar un régimen agrario burgués. La reaJorge Abelardo Ramos demostró hace décadas que la Ley de Enfiteusis fue "la cobertura legal de una garantía para un préstamo de los usureros ingleses". El decreto de enfiteusis —la prohibición de enajenar las tierras públicas— se emitió poco antes de que el gobierno solicitara autorización para negociar un empréstito de la Banca Baring de Londres por un millón de libras esterlinas. La tierra inmediatamente pasó a formar la base de una deuda externa, una hipoteca del territorio nacional.
¿Quién se benefició? No los colonos europeos que teóricamente debían trabajar esas tierras. No los gauchos ni los campesinos. Se beneficiaron los Anchorena, los Lezica, los Díaz Vélez, los Viamonte: la elite terrateniente que concentró la mayor parte de la tierra pública a través de la enfiteusis. En 1840, apenas dieciocho años después, cincuenta familias bonaerenses poseían 160 estancias con 2.093 leguas. La ley destinada teóricamente a la colonización se convirtió en el nacimiento de nuestra oligarquía terrateniente. Fue un saqueo sin precedentes, pero saqueo legal, institucionalizado, respaldado por el Estado.
Lo que Rivadavia inaugura es un patrón que se repite en la historia argentina. No es colonización: es colonialismo contemporáneo. La tierra pública, el territorio del Estado, se transforma en garantía de deuda extranjera. El endeudamiento externo produce expulsión de población local. La promesa de desarrollo capitalista genera concentración de tierras. El Estado se retira como propietario del territorio; la burguesía extranjera avanza.
Ahora, doscientos años después, no discutimos una reforma a la Ley de Enfiteusis. Discutimos su actualización. El proyecto (por ahora en una pausa híbrida) abre la compra-venta de tierra argentina a inversores extranjeros bajo condiciones que la lógica de Rivadavia reconocería de inmediato: extranjería permitida, tierra como activo financiero, integración al circuito de capital internacional. La diferencia es que no hay ni siquiera la ficción de colonización europea. Simplemente, es extranjerización pura.
El patrón del despojo: Quebrada de Humahuaca
No hace falta ir al archivo para ver cómo funciona este mecanismo. Basta mirar la Quebrada de Humahuaca. En 2003, la UNESCO declaró la Quebrada Patrimonio de la Humanidad. Era un reconocimiento a la riqueza ecosistémica, cultural, histórica del territorio. Para los habitantes de Purmamarca, Maimará, Humahuaca, Tilcara, era un acto de validación internacional de lo que ellos siempre supieron: que habitan un territorio de valor incalculable.
Desde entonces, la región fue capturada por un modelo de acumulación de capital que su propia gente denuncia. Las tierras comunitarias pasaron a manos de inversores externos. El turismo de lujo desplazó a productores locales. Los precios de la tierra subieron verticalmente. El agua —recurso escaso en esa región— pasó a ser controlada por emprendimientos privados. La agricultura tradicional coexiste ahora con especulación inmobiliaria. El patrimonio de la humanidad se convierte en patrimonio de inversores, en activos de fondos de inversión extranjeros.
El patrón de Enfiteusis se reproduce exactamente: tierra como garantía, deuda externa como motor del desplazamiento, capital extranjero como beneficiario final. No es un accidente regional. Es la estructura.
Soberanía nacional y colonialismo económico
Arturo Jauretche escribió que la verdadera independencia no se logra con proclamas sino con el control de los recursos. Una nación que no controla su tierra no es soberana. La Ley de Tierras que se votaria hoy es una renuncia institucional a esa soberanía. No es una apertura comercial menor. Es la cesión de un bien que define la existencia estatal misma: el territorio.
Boaventura de Sousa Santos ha analizado la "colonialidad" como una estructura que persiste después de la independencia formal. El colonialismo, dijo, no fue solo político. Fue epistemológico y económico. La Ley de Tierras es expresión de esa colonialidad persistente: la creencia de que nuestro territorio debe estar disponible para acumulación de capital extranjero, de que los inversores foráneos tienen derechos sobre la tierra argentina que los argentinos no garantizamos a nuestros propios ciudadanos.
Hablan de "modernización", de "atracción de inversiones", de "eficiencia del mercado". Son los mismos términos que legitimaron a Rivadavia, que justificaron el saqueo de las tierras públicas hace doscientos años. La retórica cambia; la estructura persiste. El capital extranjero necesita tierras. El Estado argentino sigue dispuesto a ofrecerlas. La única diferencia es que hemos aprendido a hacerlo sin disfrazar el despojo.
Territorio, agua, minería y degradación socioambiental
Permitir que inversores extranjeros sean propietarios de tierra argentina no es un acto neutro de mercado. Significa que decisiones sobre agua, minería, agricultura, biodiversidad, uso del territorio, pasarán a manos de agentes cuyo único mandato es la acumulación. Significa que si una corporación minera extranjera compra tierra en Catamarca, o en Jujuy, o en Salta, nuestro destino ambiental queda en manos de rendimientos financieros calculados en dólares, en Frankfurt, en Pekín.
Ya lo vimos en Quebrada de Humahuaca. Ya lo vemos en regiones donde la minería de litio destruye acuíferos milenarios para abastecer baterías de teléfonos de consumidores del norte. El territorio se convierte en depósito de extracción. No en hogar, no en fuente de vida, no en patrimonio comunitario. En cantera. La tierra se degrada porque para el capital extranjero no es hogar. Es activo.
Rechazar esto no es populismo: es análisis histórico
Algunos dirán que esto es "populismo", que es falta de pragmatismo, que la economía global exige este tipo de concesiones. Esa es la voz de los que ganaron con Rivadavia, la voz que repetió el despojo en 1880, en 1946, en 2001, en cada ciclo de endeudamiento y concentración de tierras que atravesó la Argentina. La pragmática de esa voz es simple: la nación se retira, el capital entra, la oligarquía acumula, la población se moviliza o emigra.
La historia de América Latina es historia de tierras perdidas, de territorios cedidos, de soberanía económica diluida. Guatemala, Honduras, El Salvador: las republiquetas bananeras. Perú, Bolivia, Chile: territorios mineros al servicio del capital internacional. Brasil: frontera agrícola de corporaciones transnacionales. Argentina no necesita repetir ese guión. Tenemos, en Jauretche, en Ramos, en nuestra tradición nacional-popular, un análisis riguroso de cómo se perpetúa la dependencia. Y tenemos la memoria de que cerrar la puerta a la extranjerización de tierras no empobrece. Enriquece.
Lo que se juega
Estamos ante la encrucijada histórica: Argentina continúa siendo un Estado que decide sobre su territorio o se convierte en una tierra de nadie puesta a venta internacional. No es una reforma agraria menor, un tecnicismo legal, un détalle administrativo. Es la pregunta fundamental: ¿quién decide qué sucede en la Argentina? ¿Los argentinos? ¿O el capital que nos endeuda y nos despoja desde hace doscientos años?
La Ley de Enfiteusis de Rivadavia nos enseñó esa lección. Presentada como modernización, fue despojo. El proyecto de Ley de Tierras repetirá esa historia si lo dejamos. Esta vez, no hay excusa de ignorancia histórica. Sabemos exactamente qué pasó la última vez.
Rechazar este proyecto no es rechazar la inversión, no es cerrar las puertas al mundo. Es insistir en que la tierra argentina, la base de nuestra soberanía y nuestra vida, no es mercancía. Es decir que la historia de despojos terminó. O al menos, que debería terminar hoy.
Soberanía política, independencia económica y justicia social, hoy no son sólo banderas desgastadas de un Peronismo en crisis, son el Norte, un rumbo posible para reconstruir el país y recuperar la Nación.
Cuando la Patria está en peligro no queda sino más que defenderla.
Lic.María Laura Collivadino Navarro
Docente e Historiadora - Comunicadora- Faciltadora Gestáltica